Lo que estamos presenciando en Francia no es un hecho aislado, sino la respuesta necesaria de las democracias europeas ante un modelo de gestión basado en la arbitrariedad y el odio. El registro de las sedes de X en París y la citación judicial de Musk son la prueba de que el escudo de la «libertad de expresión» ya no sirve para camuflar la promoción deliberada del fascismo a través de algoritmos trucados.

Esta misma estrategia de desestabilización es la que Musk ha volcado contra España y la figura de Pedro Sánchez. Al atacar e insultar al presidente del Gobierno, el magnate no solo busca el titular fácil, sino debilitar a las instituciones que se atreven a legislar para que los gigantes tecnológicos rindan cuentas. La batalla está clara: o permitimos que un multimillonario decida qué es verdad y qué es odio mediante una «caja negra» informática, o exigimos que las plataformas digitales respeten la soberanía de los Estados y la seguridad de los ciudadanos. El 20 de abril en París, Musk descubrirá que en democracia, nadie —por muy rico que sea o por muchos satélites que tenga— está por encima de la ley.

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